Un juez norteamericano, Thomas Griesa, acató la solicitud de embargo por US$ 200 millones correspondiente a fondos jubilatorios de argentinos que se hallaban depositados por AFJP, en EEUU.
Si bien la ley sobre los fondos previsionales argentinos señala que éstos no son embargables, no es menos cierto que la medida de estatización de la presidenta Cristina Fernández creó no solo incertidumbre acerca de los destinos de los fondos jubilatorios, sino también y sumada la escasa credibilidad del mundo financiero por la actual administración argentina, supuso que la canalización de estos activos a cuentas del Estado no tengan como destino garantizar la vejez de los depositantes argentinos.
Valga recordar que son miles de millones de dólares en capital e intereses que la Argentina adeuda en bonos, a acreedores. Es por ello que un grupo de éstos apuntó a los fondos de las AFJP, luego de conocerse la medida, por parte de la presidenta, de estatizarlos.
La creación de las AFJP se hizo siguiendo el modelo chileno. Su objetivo principal era de garantizar al trabajador una pensión digna en su edad pasiva, a través de saldos acumulativos por depósitos previsionales. Aprecio una AFP estatal, como una alternativa a las entidades privadas, pero jamás de reparto. Que el Estado u otras instituciones financieras (por ejemplo Bancos) ingresen al mercado de la administración de fondos de pensiones, con beneficios que realmente pueda otorgar a las personas, crearían con ello una atractiva competencia en el mercado donde los trabajadores serían los más beneficiados, definitivamente.
Sin embargo también creo que no es la forma ni el momento para este gobierno. El Estado debe ser garante, canalizador, protector, facilitador y sobre todo, proporcionar total y absoluta confiaza, características que hoy no goza.
A mis amigos argentinos deseo y espero, muy sinceramente, que la medida aplicada por EEUU tenga, como principio único, cautelar que estos dineros sean mal utilizados y preservarlos del gobierno argentino. Los fondos pertenecen a los depositantes y si los acreedores norteamericanos llegasen a embargarlos únicamente para resarcirse de las deudas no liquidadas por éste y el anterior gobierno, la medida de la presidenta no solo habrá sido una acción confiscatoria horrorosamente antidemocrática y usurpadora, sino también con ello, habrá privado a cientos de miles de argentinos de sus ahorros previsionales que acumularon, con trabajo y esfuerzo de toda una vida, para una pensión digna en su vejez.
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